Licencia social para operar

La Licencia Social para Operar (LSO) se refiere a la idea de que “las empresas también necesitan obtener el apoyo de la comunidad o sociedad en la que operan” (IFC 2014). El concepto de LSO se usa a menudo para referirse a la aceptación actual de la población local que rodea un proyecto dado. Es vital para el sector de los recursos naturales; la aceptación informada y el apoyo de las comunidades locales es una forma de reducir el riesgo de las grandes inversiones y establecer las bases para la sostenibilidad, el beneficio social y económico mutuo y el crecimiento. La transparencia y el compromiso de la comunidad también pueden sentar las bases para desarrollar sistemas proactivos para que las empresas reconozcan y aborden las preocupaciones de la comunidad y creen programas tangibles para mejorar la planificación con las comunidades anfitrionas, los gobiernos y la sociedad civil. En línea con esto, la LSO también está asociada con (la ausencia de) protestas, conflictos sociales y costosas interrupciones de la producción.

Sin embargo, las actitudes de la población local hacia las operaciones mineras suelen ser más matizadas y heterogéneas de lo que sugiere el término “licencia” (Pedro et al, 2017). Dentro de la misma comunidad, puede haber quienes ansían la mina y las oportunidades que puede brindar, quienes se oponen a ella por preocupaciones medioambientales, quienes toleran la mina pero no la aprueban, quienes no se atreven a expresar su disconformidad públicamente, etc. Todas estas actitudes también pueden cambiar con el tiempo.

A pesar de sus limitaciones, la LSO es útil ya que arroja luz sobre las responsabilidades de las empresas hacia la población local y sobre la agencia de la población local como partes interesadas influyentes de las operaciones comerciales.

Despliegue para saber más sobre los elementos clave para conseguir la LSO.

Participación de las partes interesadas

Mining and Metallurgy Regions of EU- MIREU: Directrices SLO

El objetivo del proyecto MIREU de Horizon 2020 es establecer una red de regiones mineras y metalúrgicas por toda Europa para intercambiar buenas prácticas y garantizar un suministro doméstico consistente de materias primas minerales. Uno de los paquetes de trabajo de MIREU, la licencia social para operar (SLO, por sus siglas en inglés), se centra en la dinámica social en torno a la minería en Europa. El punto de partida no asume que la exploración y/o minería pueda producirse a cualquier precio, sino que reconoce que las minas pueden tener impactos positivos y negativos y debe haber una compensación justa entre los beneficios recibidos y los impactos sufridos, en particular por los que se vean más afectados.

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La Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del sector extractivo es “un marco práctico para identificar y gestionar riesgos con relación a las actividades de participación de las partes interesadas para garantizar que las empresas desempeñan un papel en evitar y paliar efectos”. Las recomendaciones clave son desarrollar una estrategia de participación de las partes interesadas que dé prioridad a las más afectadas y garantice la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones, entre otras.

La Responsible Mining Foundation ha desarrollado la Herramienta de evaluación de explotaciones mineras. Es un conjunto de preguntas para ayudar a las partes interesadas locales a entender “su” explotación minera y participar en un diálogo constructivo con la empresa minera.

La participación es clave para crear relaciones constructivas con las partes interesadas locales y minimizar los impactos adversos de las operaciones mineras. Una forma de garantizar la participación efectiva de las partes interesadas es mediante consultas públicas. La publicación Consultas públicas: El paso a paso, del Banco Interamericano de Desarrollo, ofrece orientación sobre cómo llevar a cabo consultas públicas con las partes interesadas en distintos sectores, incluido el minero.

 

Compensación y reparación

Los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU estipulan que las empresas deben proporcionar mecanismos de reclamación a la población afectada negativamente por sus operaciones (principios 25 – 31).

La Mining Association of Canada desarrolló el documento Site-Level Grievance and Community Response Mechanism: A Practical Design and Implementation Guide for the Resource Development Industry. Puede dar una orientación útil a las partes interesadas en operaciones mineras en América Latina que son propiedad de empresas canadienses.

 

Pueblos indígenas

Un tema destacado de LSO en América Latina es la falta de consulta y consentimiento de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, a la tierra y a ser consultados, entre otros, están contemplados en el Convenio 169 de la OIT y también se recogen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los miembros del ICMM deben adherirse a la Declaración de posición sobre los pueblos indígenas y la minería de la organización. Exige que los miembros respeten los derechos de los pueblos indígenas, garanticen su participación significativa y trabajen para obtener su consentimiento previo libre e informado.

El ICMM también ha desarrollado la Guía de buenas prácticas para los pueblos indígenas y la minería, que ofrece a las empresas orientación y herramientas prácticas para relacionarse con los pueblos indígenas, gestionar los impactos, construir acuerdos y tratar las quejas.

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Como parte de su iniciativa industrial Towards Sustainable Mining (TSM, «hacia una minería sostenible»), la Mining Association of Canada adoptó un nuevo Protocolo de Relaciones Comunitarias e Indígenas TSM. Consta de cinco indicadores en función de los cuales las empresas miembros deben informar de su desempeño. La asociación minera argentina CAEM y la asociación minera brasileña IBRAM son organizaciones que participan en la TSM.

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El Anexo B de la Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del sector extractivo ofrece orientación específica para relacionarse con los pueblos indígenas.

Encontrará más información sobre la situación de los pueblos indígenas en cada país miembro de la MDNP explorando las fichas de país del Área de miembros.